La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar después de la denuncia de que el expresidente Gustavo Petro pagó "servicios sexuales" con contratos. 

El Ministerio Público busca individualizar en el Congreso, Dapre, Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Salud a los presuntos disciplinados y concretar las conductas objetos de la indagación.

Igualmente, verificará si se presentó violencia de género en este hecho, por lo que requirió a las entidades una relación de las mujeres vinculadas a través de contrato de prestación de servicios desde el año 2019 a la fecha.

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La denuncia la hizo Deicy Jiménez en una entrevista con la revista Semana.

Aseguró que conoció al exjefe de Estado "en una página de adultos", donde "utilizaba otro nombre" y que siguió en contacto con él a través de chats de Facebook, "donde tenía otros nombres de usuarios".

También afirmó que el expresidente "consumía cocaína" durante sus encuentros y reuniones.

Estas palabras surgieron después de que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, afirmara ante el Congreso que existían 48 mujeres que tenía Petro en presidencia y que eran instrumentalizados "a punta de OPS".

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"Se lo vamos a demostrar al pueblo colombiano (...) Cómo la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino a parrandear allá, a llevar mujeres. 48 mujeres que están hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y de una OPS, las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente", expresó Ríos.

En este hecho se habla de Congreso porque la denunciante afirmó que entre los contratos que recibió estaba uno con la exsenadora María José Pizarro.